Se ordenó a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) que pague 299,7 millones de dólares por tergiversar la producción de emisiones de más de 100.000 vehículos diésel vendidos en los Estados Unidos.
La compañía estadounidense, que ahora forma parte de la firma mundial de automóviles Stellantis, fue sentenciada ayer en los EE. UU. luego de declararse culpable de conspiración criminal en un intento de defraudar a los reguladores y clientes, similar al escándalo de emisiones Dieselgate del Grupo Volkswagen de hace siete años.
Una investigación de tres años encontró que FCA desarrolló un nuevo motor diésel V6 de 3.0 litros para el Jeep Grand Cherokee y la Ram 1500.
Según documentos judiciales, FCA calibró los sistemas de control de emisiones de los vehículos para producir menos emisiones de NOx durante los procedimientos de prueba federales, sin los cuales no habrían pasado las pruebas.
Además de esto, FCA “participó en otra conducta engañosa y fraudulenta” que ayudó a que los vehículos cumplieran con los estándares de emisiones requeridos, agregan los documentos.
FCA admitió que hizo esto para que los vehículos pudieran mantener “características que los harían más atractivos para los consumidores”, incluso con respecto a la eficiencia del combustible, los intervalos de servicio y el rendimiento.
Como parte del fallo, se ordenó a la empresa que pagara 96 millones de dólares en multas y que renunciara a 203,6 millones de dólares.
También se le otorgó un período de prueba organizacional de tres años, que impone términos para evitar que FCA se involucre en actividades ilegales similares.
Además de esto, debe realizar una revisión de su cumplimiento con la Ley de Aire Limpio de EE. UU., que luego debe presentar a las autoridades. Luego debe preparar al menos dos informes de seguimiento más.
Tres ex empleados de FCA también fueron acusados de conspiración para defraudar a los EE. UU. y violar la Ley de Aire Limpio y seis cargos de violar la Ley de Aire Limpio. Esperan juicio.
“La sentencia es un castigo apropiado para una empresa que conspiró para defraudar a los reguladores y consumidores”, dijo la fiscal federal Dawn Ison.
“Todas las corporaciones deben ser transparentes y honestas al tratar con el gobierno federal y el público. Esta acusación refleja la seriedad con la que mi oficina se toma este principio”.
